junio 2015
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Se espera que esta vez los caleños se unan, organicen y se movilicen en defensa de EMCALI, empresa ésta que debe ser fortalecida a toda costa y preservada del afán de los depredadores del patrimonio público que identifican la gestión y ejercicio de la función pública con el denominado Estado contratista.

2015/ Junio 30/ Veeduría/ Por: Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero

Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social

El ex gerente de EMCALI prendió las alarmas presentando renuncia de su cargo y develando una serie de hechos que denotan su inconformidad con la imposición de ciertas medidas que a su juicio vulneran el patrimonio de la empresa y la colocan en riesgo de ser intervenida por el gobierno nacional con fines liquidatarios.

Las diferencias jurídicas, técnicas, administrativas y hasta personales suscitadas entre el alcalde y el ex gerente de EMCALI, reflejan la lucha competitiva por el control y el manejo del conjunto de la contratación de la empresa  al igual que el control, administración y operación de los servicios públicos. De esta manera quienes siempre la han dirigido y administrado tendrán asegurados sus derechos a continuar usufructuando de las mieles del poder que les ofrece EMCALI.

La renuncia del exgerente de EMCALI coincide con el segundo aniversario de la devolución de la empresa por la Superintendencia de Servicios Públicos a la ciudad, manteniéndose en este período los mismos problemas relacionados con la operación y prestación de los servicios, aumento de la pérdida de agua tratada y de clientes en telecomunicaciones, demoras en reparar e instalar servicios, dependencia de los generadores de energía y/o de la bolsa para la adquisición de la misma, etc., dejando en claro el poco interés de la administración en optimizar la parte operativa, al igual que la abultada nómina paralela o tercerización que dobla el total de empleados contratados directamente por la empresa; los contratos de consultoría y la inexistencia frecuente de insumos necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos, lo que amerita adelantar una investigación disciplinaria y fiscal.

En cuanto a las inversiones realizadas en telecomunicaciones para el cable submarino los órganos de control institucional y el control social ciudadano deben evaluar el costo beneficio que ellas traerán para EMCALI ya que serán los inversionistas privados de la competencia quienes mayores beneficios recibirán de dicha tecnología al poder utilizarla a cambio del pago de peajes como se hace con las redes de otros servicios de propiedad de la empresa.

La modificación mediante otro sí al contrato con Level 3 para adicionar su costo, el propósito de terminar el contrato del alumbrado público y la decisión de entregar a empresarios privados el componente de Telecomunicaciones a través de la figura de alianza estratégica o de concesión, etc., con plazos largos que varían entre los 15 y 20 años y que en la ejecución de los mismos se introducen modificaciones para ampliar el término sin recurrir a licitaciones públicas, hace que el mandatario local ad portas de la terminación de su mandato, se decida intervenir directamente o por interpuesta persona, tal como sería el caso de su subalterno el gerente de EMCALI en la tarea inaplazable de asegurar la continuidad del poder de contratación en favor de los grupos económicos y políticos que representa en el gobierno municipal.

En tanto el alcalde Guerrero entre sorprendido y confeso afirma en tono conciliador que está dispuesto a llegar a un acuerdo en el caso del pago de los diez mil millones de pesos que la municipalidad le adeuda a MEGAPROYECTOS, empresa a la cual se pretende despojar del contrato del alumbrado público en la ciudad para luego entregárselo a otro contratista privado en la idea de que es mejor que los particulares manejen el negocio ya que las empresas del Estado son inoperantes e ineficaces, cuando de lo que se trata es de fortalecer operativa, financiera, tecnológica y administrativamente a EMCALI para evitar despojarla de las funciones propias de su objeto social reduciéndola a su mínima expresión, con la única función de cobradora y facturadora en favor de terceros y encareciendo más los servicios a los usuarios.

Así mismo el alcalde Guerrero ha manifestado que aspira a llegar a un acuerdo con el alcalde electo, seguramente con el fin de garantizar la continuidad de las políticas y de los contratos privilegiados por esta administración.

A propósito de la campaña electoral se impone la necesidad de realizar con los candidatos un gran debate público en el seno de las organizaciones sociales y del propio Concejo Municipal en torno al manejo de la contratación y de los compromisos adquiridos por el alcalde Guerrero, quien además de su obligación de rendir cuentas a los ciudadanos debe responder por su gestión al frente de la alcaldía, al tenor de los principios que rigen el ejercicio de la función pública y el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.

Se espera que esta vez los caleños se unan, organicen y se movilicen en defensa de EMCALI, empresa ésta que debe ser fortalecida a toda costa y preservada del afán de los depredadores del patrimonio público que identifican la gestión y ejercicio de la función pública con el denominado Estado contratista.

En todo caso la problemática de EMCALI no puede tratarse como un asunto mediático ni reducirse a una simple controversia entre funcionarios públicos, estando de por medio el futuro de la empresa y de los servicios públicos en interés de toda la comunidad caleña.

Luz Betty Jiménez De Borrero y Pablo A. Borrero V.
Cali, Junio 27 de 2015

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable
para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

Julian Assange ha prometido que WikiLeaks publicará nuevas filtraciones en un futuro próximo. "Esta información solo abre una nueva serie de denuncias", subrayó el fundador de WikiLeaks.
2015/ Junio 25/Internacional/ Por: RT

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange llamó al presidente de Francia, François Hollande, a no ignorar la intercepción de comunicaciones de los mandatarios franceses que durante los últimos diez años ha llevado a cabo la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés) e inicie una investigación.

"Las potencias internacionales esperan la reacción de Francia. El país no puede esconder la cabeza como un avestruz. Esto sería una señal clave tanto para EE.UU. como para, por ejemplo, China y Rusia. Está en juego la integridad económica y política de Francia. La soberanía del Estado no puede ser atropellada. WikiLeaks cuenta con Francia", ha dicho Julian Assange en una entrevista al canal TF1.


Julian Assange ha prometido también que WikiLeaks publicará nuevas filtraciones en un futuro próximo. "Esta información solo abre una nueva serie de denuncias", subrayó el fundador de WikiLeaks.


Este 23 de junio el famoso sitio de filtraciones inició una publicación de archivos que tituló 'Espionaje en el Eliseo'. WikiLeaks detalla que los documentos dejan al descubierto que la NSA interceptó las comunicaciones del actual presidente francés, François Hollande, de Nicolas Sarkozy (presidente entre 2007 y 2012) y de Jacques Chirac (1995–2007).

La Ruta Pacífica de Mujeres espera que las FARC adelante cuanto antes la desvinculación de los menores y reiteraron su disposición llegar hasta cualquier territorio del país para que estos puedan ser devueltos a sus hogares.
2015/ Junio 24/ Diálogos de Paz/ Por: PaZífico Noticias
 

Ante la promesa de las FARC de desvincular de sus filas a los menores de 15 años, la Ruta Pacífica de Mujeres anunció su disposición para hacer parte de este proceso y garantizar el retorno de estos jóvenes al seno de su hogar.

Estas mujeres aseguran que otro de los gestos de paz que se debe tener en el marco de los diálogos de La Habana debe ser el cese bilateral al fuego.

Según estas activistas, ganadoras el año pasado del premio nacional de paz, la sociedad colombiana debe apoyar los diálogos de La Habana pese a los esfuerzos de la extrema derecha por deslegitimarlo a través de la desinformación con diferentes temas como el de la justicia transicional.

La Ruta Pacífica de Mujeres espera que las FARC adelante cuanto antes  la desvinculación de los menores y reiteraron su disposición llegar hasta cualquier territorio del país para que estos puedan ser devueltos a sus hogares.



En algunos centros de alimentación la primera comida es medio vaso de bienestarina con una galleta. El ICBF paga 2 mil pesos por ese desayuno que aproximadamente costaría 300 pesos.
La Guajira, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Foto archivo: La Guajra Hoy

2015/ Junio 23/ Corrupción/ Por: Noticias Uno

El Bienestar Familiar descubrió que uno de los contratistas de la alimentación infantil en La Guajira, tenía sus planillas llenas hasta agosto próximo y que ya había calculado el beneficio de la dieta que le aportaba a cada niño.

Durante una supervisión que realizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los 842 centros de alimentación de primera infancia de La Guajira, encontró que algunos operadores registraron en sus minutas que ya le entregaron a los niños las raciones alimentarias de julio y agosto de 2015.

También determinaron que los operadores de La Guajira están manipulando la valoración alimentaria y física de los niños inscritos en los jardines, registrando el aumento de peso, calorías consumidas a diario y calificándolos como “bien nutridos”.

El ICBF le pidió a la Fiscalía investigar los 70 operadores que contrataron para la alimentación de 60 mil niños de La Guajira. Los primeros hallazgos los encontraron en los Centros de Desarrollo Infantil de Riohacha “El mundo de los niños” y “Carrusel de colores y caritas felices”.

El líder Wayuú Gustavo Valbuena, añadió que la responsabilidad recae en el ICBF porque hasta ahora se dio cuenta de que a los niños no les están entregando los alimentos que paga el Estado.


En algunos centros de alimentación la primera comida es medio vaso de bienestarina con una galleta. El ICBF paga 2 mil pesos por ese desayuno que aproximadamente costaría 300 pesos.

La Guajira, afectado por la sequía, la falta de agua potable y el aumento de la mortandad de niños por hambre y sed, contrasta su situación con los 850 mil millones de pesos que recibe en regalías. El ICBF invierte anualmente 180 mil millones en alimentación de primera infancia en ese departamento.


Los líderes campesinos amenazados son los mismos que han denunciado las violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando en el municipio de Tuluá por parte de los militares del Batallón de Alta Montaña número 10 que opera en esa zona.
https://youtu.be/xvF7jCLuvyM

2015/ Junio 22/ Derechos Humanos/ Por: PaZífico Noticias

A través de esta cuenta en Facebook, los líderes campesinos del Valle del Cauca han sido víctimas de múltiples señalamientos e intimidaciones, según lo ha denunciado la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Los líderes campesinos amenazados son los mismos que han denunciado las violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando en el municipio de Tuluá porparte de los militares del Batallón de Alta Montaña número 10 que opera en esa zona, lo que al parecer podría estar relacionado con los hostigamientos cibernéticos.

Pese a que esta situación ya ha sido denunciada, la Fiscalía no ha hecho nada por investigar a quienes están detrás de estas amenazas, como sí lo hizo con Nicolás Castro un joven universitario que estuvo en la cárcel luego de amenazar al hijo del expresidente Álvaro Uribe por esta misma red social.


Los defensores de derechos humanos hicieron una vez más un llamado a las autoridades colombianas para que les garanticen su integridad y frenen los señalamientos y la estigmatización, ya que lo único que han hecho es trabajar por construir paz en sus territorios.


Ver también:



 

El prisionero político de guerra Julián Joaqui Realpe fue trasladado del pabellón 8 al pabellón 7, como represalia por participar en el Movimiento Nacional Carcelario (MNC) y de sus jornadas nacionales de desobediencia pacifica el pasado mes de abril.

2015/ Junio 19/ Prisioneros Políticos/ Por: Suyana

Más de una semana de huelga de hambre y aún no se tienen respuestas

El pasado martes 9 de junio el Prisionero Político de Guerra e indígena JULIAN JOAQUI REALPE tomó la decisión de declararse en HUELGA DE HAMBRE como un acto de desobediencia frente a la reiterada represión y violación de sus derechos fundamentales, hoy ya se cumplen 9 días y aun no se tienen respuestas.

Julian Joaqui Realpe fue trasladado del pabellón 8 al pabellón 7, como represalia por participar en el Movimiento Nacional Carcelario (MNC) y de sus jornadas nacionales de desobediencia pacifica el pasado mes de Abril; en el patio donde hoy permanece corre riesgo su integridad física y su vida, y con este acto de huelga de hambre exige que sea devuelto al pabellón 8 en donde medianamente puede seguir conviviendo con sus compañeros.

La inminente situación de riesgo es plenamente conocida por las directivas del Centro Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad  San Isidro de Popayán en cabeza del director del plantel Mario Fernando Narvaez, pero como ya es costumbre aún no se pronuncian, ni mucho menos manifiestan interés de solucionar la crítica situación de los internos.

Es de pleno conocimiento que el Prisionero Político, pese a su debilitamiento físico y al mal estado de salud, estuvo confinado hasta el día de ayer, en las llamadas celdas primarias mejor conocidas como CALABOZOS; demostrando una vez más que estos centros lejos de preocuparse  por brindar un trato digno a los prisioneros solo se especializan en reprimir y torturar.

 Jueves 18 de Junio de 2015
Corporación  Colectivo  de  Abogados  Suyana
Teléfono de contacto: (+57) 3218217932

La situación de persecución contra la Marcha Patriótica y sus organizaciones en el municipio de Tuluá está enmarcada en la crítica situación humanitaria que padece nuestro movimiento político y social a nivel nacional, que en sus cinco años de existencia ha sufrido cerca de 100 asesinatos, decenas de detenciones, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados.
Coregimiento La Moralia, Tuluá. Audiencia Humanitaria realizada el 7 de junio de 2014

2015/ Junio 18/ Derechos Humanos/ Por: Marcha Patriótica

La Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica rechaza de manera contundente los señalamientos de los que vienen siendo víctimas integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca ASTRACAVA, de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC y de nuestro movimiento político y social.

En repetidas ocasiones la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes ha alertado y denunciado ante la comunidad nacional e internacional las acciones de señalamiento, hostigamiento y amenazas provenientes de un perfil de Facebook denominado “Resistencia Civil”, desde el cual a partir del 9 de febrero de 2015 se han hecho de manera irresponsable e intimidatoria afirmaciones que ponen en riesgo inminente la vida, integridad y seguridad personal de los señores Harold Ordoñez, Alonso Valencia y Heriberto Niño, integrantes de Marcha Patriótica y líderes reconocidos entre las comunidades campesinas de la zona media y alta del municipio de Tuluá, así como de Norbey Palacio, periodista amigo del campesinado y candidato al Concejo Municipal de Tuluá. Igualmente, en diferentes espacios que se han desarrollado con participación de instituciones municipales –Personería y Alcaldía– instituciones departamentales –Defensoría del Pueblo regional Valle del Cauca-, organismos internacionales –Comité Internacional de la Cruz Roja CICR y Organización de Naciones Unidas ONU– y Fuerza Pública, hemos expresado la profunda preocupación que nos embarga por la situación descrita, sin que hasta el momento haya algún resultado que arroje información útil sobre el perfil de Facebook mencionado.

Todo lo anterior se presenta en un contexto donde las violaciones a los derechos humanos de las comunidades han sido constantes, particularmente por parte del Batallón de Alta Montaña No. 10, que desde su llegada a la zona ha protagonizado múltiples abusos y atropellos contra el campesinado. Es preocupante que el manejo del perfil de Facebook se haga desde el corregimiento de Barragán, donde está ubicada la base militar de este batallón. Actualmente, Tuluá es una de las zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial implementado por el gobierno de Juan Manuel Santos. En este contexto, las comunidades campesinas han desarrollado un proceso de constitución de una zona de reserva campesina (ZRC), que coincide con la agudización de la crisis humanitaria.

La situación de persecución contra la Marcha Patriótica y sus organizaciones en el municipio de Tuluá está enmarcada en la crítica situación humanitaria que padece nuestro movimiento político y social a nivel nacional, que en sus cinco años de existencia ha sufrido cerca de 100 asesinatos, decenas de detenciones, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados.

Una vez más hacemos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que, en cumplimiento de sus funciones como garantes de los derechos constitucionales, ejerzan un efectivo acompañamiento a las comunidades campesinas y a sus líderes, frenando los señalamientos y estigmatización que históricamente se han presentado en el municipio de Tuluá contra las comunidades, y que lastimosamente siguen estando a la orden del día. Es necesario recordar que en el corregimiento La Moralia se produjo en 1999 la primera incursión paramilitar del Valle del Cauca, protagonizada por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, que realizó cerca de 60 masacres, dejando más de 800 personas asesinadas y una infinidad de familias desplazadas a sangre y fuego. Todo lo anterior con la participación directa (por acción y omisión) de las fuerzas militares adscritas al Batallón Palacé del municipio de Buga, como lo demuestran las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y los testimonios de los paramilitares que participaron en estas nefastas acciones[1].

Insistimos en la importancia de dar pasos contundentes en la construcción de la paz que Colombia anhela. En un contexto donde existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto armado que ha azotado al país por más de medio siglo, y considerando que las formas de violencia estatal contra la población civil cumplen un papel fundamental en la perpetuación del conflicto, no pueden seguirse presentando violaciones a los derechos humanos y es el Estado y sus instituciones los principales responsables de evitarlo.

¡SEGUIMOS EN MARCHA POR LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA,
POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Y EL CESE BILATERAL AL FUEGO!

Valle del Cauca, Colombia. Junio 17 de 2015


[1] Ver documental Memoria y Dignidad Campesina: https://www.youtube.com/watch?v=bTDONECensc

En Cali la dirigente social Liliana Ceballos aseguró que no existen garantías en el país para que los campesinos puedan volver a sus tierras ya que persisten las amenazas de las bandas paramilitares.
2015/ Junio 17/ Derechos Humanos/ Por: PaZífico Noticias
 

Desde el 2011 año en que fue sancionada la Ley de Restitución de Tierras y de Víctimas por el Presidente Juan Manuel Santos han sido asesinados 69 líderes campesinos que han participado en estos procesos. El último de ellos fue Octavio Avilés en el municipio de Arboletes en el Urabá antioqueño, y quién según los campesinos de la zona se encontraba reclamando sus tierras despojadas por grupos paramilitares y que ahora están en poder del cuestionado magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Así lo manifestó León Valencia de la fundación Paz y Reconciliación.

En Cali la dirigente social Liliana Ceballos aseguró que no existen garantías en el país para que los campesinos puedan volver a sus tierras ya que persisten las amenazas de las bandas paramilitares.

Por su parte Lida López integrante de la mesa de mujeres de Cali denunció que en el país existen miles de trabas legales para acceder a la restitución.

Las organizaciones sociales de la ciudad le piden al gobierno nacional que comience a implementar los acuerdos en el tema de tierras que han logrado en la mesa de conversaciones de La Habana, de lo contrario, crecerá la desconfianza entre los campesinos y víctimas del conflicto armado hacía un Estado que históricamente poco ha hecho por ellos.


Un juez ordenó la reclusión de uno de los más prestantes miembros de la sociedad de Neiva, Huila, y el director de la cárcel le cedió, para la primera noche, su propia casa. Y para las siguientes, el dormitorio de los guardianes. Qué Tal Esto.
2015/ Junio 16/ Por: Noticias Uno

Siendo la obra del jarillón del río Cauca un proyecto necesario para la ciudad, su mala planificación no solo podrá generar sobrecostos sino que ha traído como consecuencia un grave problema social derivado de los abusos de la administración municipal y de la fuerza pública que atenta contra la convivencia social y el espíritu de paz con justicia social.
Operativo de desalojo del jarillón del río Cauca. Foto: Juan Bautista/CEET

2015/ Junio 15/ Veeduría Ciudadana/ Por: Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero

Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
Desalojos en el jarillón del río Cauca

Una nueva protesta con ocupación de La Ermita para hacerse escuchar de un gobierno sordo ante los reclamos de los caleños, es la respuesta de un grupo de personas a quienes se les pretende desalojar de sus viviendas por la fuerza. Esta vez son los ocupantes del Jarillón del Rio Cauca quienes ante la inminencia de su desalojo por parte de las autoridades, solo encontraron refugio en una iglesia como alternativa para visibilizar su problemática y hacerse oír.

Estas personas no desconocen el riesgo que conlleva el vivir a la orilla del Rio Cauca siendo conscientes de la necesidad y urgencia de su reubicación con todo lo que tal hecho implica lo cual no puede limitarse a la solución facilista de construir apartamentos para vivienda de interés prioritario, estrechos, a los cuales se les lleva, sin tener en cuenta que en su actual hábitat muchas familias tienen unidades productivas de las que derivan su sustento diario las que no pueden ser trasladadas a las nuevas viviendas.

Simultáneamente con este hecho, el Concejo Municipal estudia el proyecto de acuerdo 103 por medio del cual se autorizan vigencias futuras extraordinarias por valor de Noventa y seis mil cuatrocientos catorce millones de pesos ($96.414.000.000), para los años 2016, 2017 y 2018  con el propósito de financiar la construcción de la infraestructura de reforzamiento del jarillon del Rio Cauca, Rio Cali y Canal interceptor de la carrera 50 con la correspondiente gestión social, tal como aparece en el titulo, proyecto que debe ser estudiado con cuidado ya que es mucho el dinero de los caleños el que está en juego y que bien gestionado pudiera alcanzar para satisfacer otras necesidades urgentes de la ciudad y de sus habitantes.

El proyecto presentado por el gobierno local se limitó a mostrar el cumplimiento de las exigencias formales tales como la declaratoria de importancia estratégica, la no afectación actual de la capacidad de endeudamiento del municipio, el cumplimiento con las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, etc. Sin embargo, aspectos importantes como conocer exactamente el número total de familias que deben ser reubicadas con especificación de su actividad económica-laboral, menores de edad, adultos mayores que viven en el sector, etc., no aparecen en el citado proyecto.

Es equivocado pretender trasladar a un mini apartamento a las  personas o familias que tienen una actividad económica relacionada con el campo, ya que por lo reducido del área solo pueden dormir y habitarlo. Existiendo tanta tierra ejidal en Cali es inaceptable que las propuestas de solución no hubieran mirado alternativas diferentes como pudieran ser las casas-parcelas y de esta manera también encontrar solución a la seguridad alimentaria de las familias.

Lo cierto es que el alcalde que se elija en octubre encontrará comprometidos los presupuestos con tantas vigencias futuras excepcionales aprobadas por el concejo municipal, de manera que su margen de acción estará muy limitada para desarrollar su plan de desarrollo acorde con su programa de gobierno, a no ser que se le impongan mayores tasas contributivas a los caleños a lo que deben estar vigilantes. Igualmente encontrará costosas obras que sobrepasaron el valor calculado sin tener buena calidad en los elementos utilizados en su construcción ni en los acabados como sucede con la Plazoleta del Correo en la que se gastaron dos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($2.450.000.000) y aun no está totalmente acabada porque ni los árboles que cortaron han sido reemplazados.

Esta es una remodelación de cemento y sobre costosa como la plazoleta de la caleñidad hoy Jairo Varela que no pueden ser utilizadas por los transeúntes para el descanso y solaz y para el reencuentro porque el sol inclemente ó la lluvia no lo permiten.

En este caso los verdaderos beneficiarios con las obras son los constructores y las cementeras que además premian a los arquitectos e ingenieros por construir obras donde el cemento es lo destacable, mientras tanto los presuntos “beneficiados” que para el caso del Jarillón del rio Cauca son las familias a reubicar sufren el desalojo y el abuso de las autoridades que no tuvieron en cuenta las condiciones en que viven las personas quienes no podrán habitar los mini apartamentos sino sobre la base de tener que renunciar a su actividad productiva de la cual derivan su sustento, ya que hasta tanto se les capacite para desarrollar otras actividades, se les dispensen créditos para micro empresas, pasará mucho tiempo antes de que puedan obtener los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades, pagar servicios públicos, transporte, etc.

Siendo la obra del jarillón del río Cauca un proyecto necesario para la ciudad, su mala planificación no solo podrá generar sobrecostos sino que ha traído como consecuencia un grave problema social derivado de los abusos de la administración municipal y de la fuerza pública que atenta contra la convivencia social y el espíritu de paz con justicia social que deben mantenerse en la ciudad como fundamento mismo de la solidaridad entre todos los caleños y  el gobierno de la ciudad.

Luz Betty Jimenez De Borrero y Pablo A. Borrero V.
Cali, Junio 13 de 2015

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para
el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

Durante el cese unilateral al fuego de las Farc se redujo el impacto de la guerra y las acciones ofensivas en un 85%, marco en el cual también se redujo la muerte de civiles en 73% y de la fuerza pública en 64%.
2015/ Junio 12/ Cese al fuego/ Por: Frente Amplio por la Paz


COMUNICADO 012
NOS DUELE LA GUERRA
 CESE BILATERAL ¡YA!

Bogotá, junio 11 de 2015 [Descargar]

El Frente Amplio por la Paz hace un llamado a todos los colombianos y colombianas para que respaldemos de manera contundente los esfuerzos de paz y los diálogos que se adelantan entre el Gobierno Santos y las FARC – EP. Nos unimos al clamor de las regiones que sufren de manera cotidiana las vergüenzas de la guerra y la muerte, el escalamiento del conflicto solo fortalece la salida militar, contraria a nuestras aspiraciones políticas de paz.  

Somos Millones que pedimos a muchas voces que paren los enfrentamientos y que se decrete el CESE AL FUEGO BILATERAL DE MANERA INMEDIATA, entendiendo que es una responsabilidad de las partes no labrar con más sangre los campos y ciudades de nuestro país y  generar confianza y respaldo en toda la población colombiana.

Hemos documentado desde diferentes fuentes que en la guerra perdemos todos, pero sobre todo los más pobres entre los pobres y aquellos abandonados de la mano del Estado. Teníamos la esperanza de que el desescalamiento de la violencia mediante el cese al fuego unilateral decretado por las FARC - EP fuera una muestra clara de la voluntad de construir escenarios reales de paz, -según CERAC- durante el cese unilateral se redujo el impacto de la guerra y las acciones ofensivas en un 85%  marco en el cual también se redujo la muerte de civiles en 73% y de la fuerza pública en 64%. Cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos dieron cuenta que para el 2014 - 2015 se presentaron cuatro veces menos masacres que 2009 y cinco veces menos víctimas; teniendo en cuenta el mismo período de análisis; se redujo a la mitad el número de alcaldes asesinados, así como el homicidio de concejales y sindicalistas.

Esta guerra de cerca de 60 años nos ha costado casi 8 millones de víctimas, unos cuatro millones de desplazados, otros 600.000 asesinatos, medio millón de mujeres víctimas de violencia sexual, 30 mil niños víctimas del conflicto, incluidos los 18 mil menores de edad reclutados, más de tres mil casos de ejecuciones extrajudiciales, 61.604 víctimas de desaparición forzada, 10 mil víctimas de minas antipersonales, siete millones de hectáreas despojadas a familias campesinas, indígenas y afros y una inversión billonaria en la guerra cada año de recursos que pueden destinarse a salir del atraso y la miseria a miles de colombianos y colombianas.

Como bien lo recoge la declaración del II Foro de Paz en Montevideo – Uruguay el pasado 5 y 6 de junio La sociedad colombiana tiene en el proceso de paz una oportunidad histórica para concretar su voluntad de justicia social, democracia y soberanía, con las cuales, las generaciones venideras podrán crecer, expresarse libremente y vivir dignamente”.

La paz nuestra es un imperativo ético, un derecho legítimo, un logro político de esta generación y la esperanza de América Latina de un futuro mejor.

Comisión Política
NOS DUELE LA GUERRA - CESE BILATERAL ¡YA!
FRENTE AMPLIO POR LA PAZ 

Los habitantes del jarillón aseguraron que con estos desalojos sólo se está fomentando el resentimiento y el odio en estos pequeños que están siendo maltratados en lugar de recibir un acompañamiento psicosocial.
2015/ Junio 11/ Derechos Humanos/ Por: PaZífico Noticias


Estas desgarradoras imágenes en las que pequeños niños se enfrentaron a la Policía para tratar de evitar que sus madres sean ultrajadas, despertaron la angustia y el rechazo por parte de los habitantes del jarillón, quiénes responsabilizaron al alcalde Rodrigo Guerrero de desatar la violencia y el resentimiento en estos pequeños.

Hoy el drama de estas familias es aún  mayor. Las madres se encuentran desconsoladas porque tuvieron que ser separadas de sus hijos para que el ICBF no se los arrebatara.

Los habitantes del jarillón aseguraron que están siendo  sometidos a tratos inhumanos.

Para los líderes estos desalojos son la evidencia de la política excluyente del alcalde Rodrigo Guerrero.

Los habitantes del jarillón aseguraron que con estos desalojos sólo se está fomentando el resentimiento y el odio en estos pequeños que están siendo maltratados en lugar de recibir un acompañamiento psicosocial. Por eso solicitaron al alcalde Guerrero que no se sigan violando los derechos de estas familias, y que se proteja la integridad de los niños.


Desde el 9 de junio el prisionero Julián Joaqui Realpe se declaró en huelga de hambre por las represalias de la guardia del Inpec que puso en riesgo su vida al trasladó de pabellón.

2015/ Junio 10/ Prisioneros Políticos/ Por: Suyana

Denuncia pública por persecución a prisioneros políticos en la Cárcel San Isidro de la ciudad de Popayán-Cauca

LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA COMUNICA
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

El día de hoy 9 de junio de 2015 inicia la Huelga de Hambre del Prisionero Político de Guerra JULIAN JOAQUI REALPE perteneciente a las FARC- EP, recluido en el Centro Carcelario y Penitenciario San Isidro de Popayán.

Exigiendo que lo reubiquen en el Pabellón 8 de donde lo sacó arbitrariamente la guardia del INPEC llevándolo a los calabozos y posteriormente lo llevan al Pabellón 7 poniendo en riesgo su Vida y su integridad física.

A pesar de las múltiples solicitudes, denuncias, y peticiones para su reingreso al Pabellón 8 y pese a que la Procuraduría General de la Nación –Seccional Cauca- le solicita al INPEC Popayán su  pronta transferencia de nuevo al Pabellón 8 para salvaguardar la Vida del Prisionero Político JULIAN JOAQUI REALPE. La administración del INPEC - Popayán ha negado de manera rotunda este reingreso, sin consideración a las razones de seguridad expuestas.

ANTECEDENTES

El pasado 23 de abril de 2015 en el marco de las Jornadas Nacionales de Desobediencia Pacifica impulsadas por del Movimiento Nacional Carcelario (M.N.C), a las 10.45 a.m la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- en cabeza del Teniente BAYRON PEDRAHITA; entran al Pabellón 8 para amenazar y atacar a los internos, en medio de esas acciones someten  y sacan al  prisionero político de Guerra JULIAN JOAQUI REALPE llevándolo arbitrariamente hacia los calabozos.


Días después lo transfieren al Pabellón 7, donde se encuentra actualmente recluido y donde se pone en riesgo su vida.

Han sido varias las actuaciones ante instituciones como la Defensoría del Pueblo Cauca, Procuraduría General de la Nación Seccional Cauca, entre otras a nivel nacional para que el INPEC- Popayán  tome las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de este Prisionero Político pero ante la renuencia y autoritarismo de la administración del INPEC en Popayán

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC Popayán- en cabeza del director de ese centro carcelario de San Isidro MARIO FERNANDO NARVAEZ por lo que le pueda suceder al prisionero político JULIAN JOAQUI  REALPE,

EXIGIMOS

Al Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario INPEC brindar las garantías a los prisioneros de las todas las cárceles colombianas del ejercicio legítimo de su derecho a la protesta.

A LA OFICINA DEL  ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH), toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar.

SOLICITAMOS

A las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales que respalden la presente denuncia enviando sus cartas a las siguientes direcciones:

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26. Palacio de Nariño, Bogotá D.C
Teléfono: (+57 1) 5629300
Correo: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

GERMÁN VARGAS LLERAS
Vicepresidente de la República
Carrera 8a No.7-57. Bogotá, D.C
Teléfonos: (+57 1) 444 2120, 444 2122
Fax: (+57 1) 596 0651
  
YESID REYES ALVARADO
Ministro de Justicia y del Derecho
Carrera 9 No. 12C – 10, Bogotá D.C.
Teléfono: (+57 1) 444 31 00. Línea de Quejas y Reclamos 01
Correo: reclamos.minjusticia@minjusticia.gov.co
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01, Bogotá D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00. Línea denuncias penales:
contacto@fiscalia.gov.co , denuncie@fiscalia.gov.co

GENERAL SAÚL TORRES MOJICA
Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-
Calle 26 No. 27-48, Bogotá D.C
Teléfonos: (+57 1) 2347262 / 2347474. Ext. 116
Correo: direccion.general@inpec.gov.co

HECTOR HERNAN HUERTAS SALAMANCA
Director Establecimientos Regional Occidente
Dirección: Calle 13 No. 64 – 10 Barrio El Limonar de Santiago de Cali.
Teléfono: Fuera de Colombia, marque 57 + indicativo de ciudad (2) + Número 3263445/3263651 /3263957-
Correo: roocidente@inpec.gov.co

MARIO FERNANDO NARVÁEZ BOLAÑOS
Director Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Popayán – EPAMSCASPY-
Dirección: Kilómetro 3 Vía Vereda Las Guacas
Teléfono: Fuera de Colombia, marque 57 + indicativo de ciudad (2)+ Número 8249372 / 8249374/ 8248625 /  / 8246033  / 824937 /8249868 
Correo: epcpopayan@inpec.gov.co

JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10-32, Bogotá D.C
Teléfono: (+57 1) 3147300
Correo: atencionciudadano@defensoria.gov.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Carrera 5 No.15-60, Bogotá D.C.
Teléfonos: (+57 1) 5878750. Línea gratuita: 018000 910 315
Correo: quejas@procuraduria.gov.co, procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
Calle 113 No. 7-45 torre B, oficina 1101.
Teléfono: (+57 1) 6583300. Fax: (+57 1) 6583301
Correo: quejas@hchr.org.co , oacnudh@hchr.org.co

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