agosto 2013
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Entrega humanitaria de un militar y un policía retenidos por campesinos mientras realizaban acciones de inteligencia militar y policial, en la vereda Mojarras del Municipio de Mercaderes.

Infiltraciones por parte de militares y policías se vienen presentando en la movilización social durante el Paro Agrario y Popular que inició desde el 19 de agosto en Mojarras al sur del departamento del Cauca.

El día Lunes 26 de Agosto de 2013, la guardia campesina detiene al ciudadano identificado con el nombre Felipe Isandara Ojeda, ya que se encontraba tirando piedras a la población, este señala que el ejército lo obligó a lanzar los artefactos desde la montaña contigua a la carretera para afectar los manifestantes. Al preguntarle por sus datos,  asegura que prestó el servicio militar, pero que actualmente es trasportista. Acto seguido llega su esposa y padre los cuales rectifican la información dada por él, se prosigue en horas de la noche a darle libre paso.

El día Martes 27 de Agosto el ciudadano Jesus Henry Criollo con cédula de ciudadanía 98´397.249 de Pasto Nariño, según versiones de los campesinos, se encontraba en una tienda comercial preguntando por líderes y haciendo registro fotográfico de la movilización. Por tal razón la guardia campesina lo detuvo de forma que verificó sus datos, dándose cuenta de que era una militar Suboficial activo del Ejército Nacional de Colombia.

El Miércoles 28 de Agosto se detiene al Policía Gentil Sambrano Valencia identificado con la cédula de ciudadanía 1.080´261.580 de la Argentina Huila, en un cordón de seguridad cuando trataba de salir del lugar de la movilización. Los labriegos suponen que estaba realizando labores de inteligencia, ya que se encontraba individualizando algunos voceros de la manifestación.

Estos hechos ocurren seguidamente, ante lo cual se retienen a los dos últimos implicados de realizar labores de espionaje y señalización a campesinos y líderes que adelantan el paro.

Prueba de ello, se presenta el día Viernes 30 de Agosto del año mencionado una comisión del comité internacional de la Cruz Roja Colombiana destinada  a verificar la situación humanitaria de los dos detenidos por parte de los campesinos en el paro adelantado en dicho lugar. A eso de las doce del mediodía se reúnen con líderes de los procesos agrarios y un representante de la red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes para realizar una visita a los dos detenidos.

Ya en el lugar, verifican la salud de los detenidos, los cuales se encuentran en perfecto estado, piden sus datos, observan el estado en el que están y prosiguen a entregarles unas hojas en dónde pueden escribir mensajes a sus familiares. Luego, los detenidos, llaman a sus seres queridos para indicarles su situación. Así trascurre esta jornada hasta aproximadamente la una y media de la tarde en la que sale la camioneta de la cruz roja del lugar.

Agosto 30 de 2013

¡Hemos puesto en Marcha nuestro corazón,
Seguirá en Marcha la esperanza!
 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES
MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA CAUCA.



En pocas palabras, un campesino vallecaucano nos enseña lo que es la dignidad y lucha de una familia que permanece unidad en el Paro Nacional Agrario y Popular.

2013/ Agosto 30/ REMAP y Marcha Patriótica Valle

2013/ Agosto 27/ Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA/

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

 MESA NACIONAL  AGROPECUARIA Y POPULAR
DE INTERLOCUCION Y ACUERDO  -  MIA -


En desarrollo del Paro Nacional Agrario y Popular convocado por las organizaciones agrarias del orden Nacional, Departamental y Municipal y transcurridos 8 días del inicio de esta legitima acción de lucha organizada y resistencia del campesinado Colombiano en respuesta a la aplicación de políticas que afectan derechos y reivindicaciones del pueblo; comunicamos a la opinión pública los siguientes aspectos:

Foto: Comisión de Comunicaciones Marcha Patriótica Valle/ REMAP
1.Saludamos la instalación de una mesa de negociación ente el gobierno Santos y los cultivadores de papa de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, sin embargo hacemos un llamado al presidente de la república para que de manera urgente instale una mesa nacional que permita llegar a acuerdos con las comunidades que en 16 departamentos se están movilizando y que se encuentran aglutinadas en la mesa de interlocución del sector agropecuario y popular MIA NACIONAL y sus seis puntos, reiteramos a la opinión pública que hasta el momento el gobierno nacional se ha negado a establecer un diálogo directo con nosotros y las comunidades que representamos razón por la cual mantenemos la decisión de continuar con el PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR CON CARÁCTER INDEFINIDO.

2.Rechazamos la brutal acción represiva y tratamiento de guerra dado a la movilización legitima del campesinado colombiano y sectores sociales que acompañan dichas jornadas, a partir de la agresión física, detención arbitraria, estigmatización, señalamiento y judicialización de más de 250 personas detenidas y un promedio 200 personasa nivel Nacional; frente a lo cual responsabilizamos al Gobierno de Juan Manuel Santos, en lo relacionado a situaciones que atenten contra la vida y la integridad física de los manifestantes.

3.Rechazar de manera enérgica la detención arbitraria de que fue víctima el dirigente Nacional, compañero HUBERT DE JESUS BALLESTEROS GOMEZ, integrante de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y acuerdo – MIA, vicepresidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO, miembro de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica y del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores -  CUT; acto que consideramos como una acción provocadora y revanchista frente a la contundencia del PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR pretendiendo con ello limitar las acciones de protesta a nivel Nacional con la intimidación y el temor generalizado; por lo tanto exigimos la inmediata liberación del compañero Hubert Ballesteros y el cese de la penalización y criminalización de la protesta social.

4.Mantenemos nuestra disposición de avanzar en el proceso de dialogo e interlocución sobre los temas planteados en el Pliego Nacional de Peticiones radicado por la Mesa Nacional y Popular de Interlocución y Acuerdo - MIA; a partir de la instalación de  una Mesa Nacional de Negociación con el conjunto de los sectores en conflicto.

5. Llamamos al conjunto del Movimiento Social y Popular y comunidad en general a solidarizarse, respaldar y acompañar las justas luchas del movimiento agrario popular, exigiendo del Gobierno Nacional el otorgamiento de plenas garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social.

El apoyo al Paro Nacional Agrario y Popular fue decidido y sumó voces en forma abrumadora. Con aplausos, gritos de emoción, y consignas como ¡Viva el Paro Nacional!, fueron recibidos los marchantes por las calles de Tuluá.
2013/ Agosto 27/  Marcha Patriótica Valle/

Primero hubo rueda de prensa y luego marcha. Medios locales y regionales discutieron con voceros de la MIA en el barrio La Santa Cruz de Tuluá sobre el Paro Nacional Agrario y Popular, y escucharon las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la Fuerza Pública en el Valle del Cauca durante los días de Paro.

Foto: Comisión de Comunicaciones Marcha Patriótica Valle/ REMAP

Posteriormente cerca de 1.300 personas salieron de La Santa Cruz a marchar por las calles del municipio.

Los resultados fueron impresionantes. El apoyo al Paro Nacional Agrario y Popular fue decidido y sumó voces en forma abrumadora. Con aplausos, gritos de emoción, y consignas como ¡Viva el Paro Nacional!, fueron recibidos los marchantes por las calles de Tuluá. No obstante, este no era el único objetivo. Radicar en la administración municipal copia del oficio dirigido al Secretario de Gobierno de Cali, fue también tarea que se cumplió aproximadamente a las dos de la tarde con la congregación de los marchantes que esperaron en las afueras de la Alcaldía.

Foto: Comisión de Comunicaciones Marcha Patriótica Valle/ REMAP

Pero sobretodo la jornada estuvo atravesada por un hecho que indignó a los manifestantes en todo el territorio nacional, y que en la marcha de Tuluá no podía pasar desapercibido: el montaje judicial contra el vocero nacional de la MIA Huber Ballesteros, quien el día de ayer fue detenido en la ciudad de Bogotá y frente a lo cual los marchantes exigieron su liberación inmediata durante el todo el recorrido.

Marcha Patriótica Valle del Cauca
Agosto  26 de 2013


Comunicado de la MIA, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo en el Valle del Cauca, frente al montaje judicial efectuado por el Gobierno colombiano contra el vocero Nacional de la MIA, Huber Ballesteros.


MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR
DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO, MIA

Asistimos a un momento histórico de la lucha del pueblo. Hombres y mujeres están en las calles apoyando el Paro Nacional Agrario y Popular a pesar de la represión y el crimen de un Gobierno desquiciado, enamorado del lucro desmedido y que acumula capitales a sangre y fuego, es decir, amante de la muerte y el asesinato de colombianos y colombianas que luchan por un mejor mañana.

Entre esos hombres que resisten a la muerte y los crímenes del Gobierno colombiano, está nuestro amigo Huber Ballesteros, líder, padre de familia y luchador incansable en favor de la Paz con Justicia Social que desde la MIA[1], Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, trabaja en beneficio de todo el pueblo colombiano.

Y para el Gobierno hombres como él deben desaparecer, ser borrados de los escenarios de la discusión política. Una forma lograr este cometido es asesinándolo, y otra más sutil es a través de un montaje judicial. Esto último es lo que hoy ha decidido hacer el Estado colombiano con nuestro compañero Huber Ballesteros. Han decidido encarcelarlo imputándole falsos cargos de terrorismo y rebelión, los mismos cargos que a la fecha enfrentan cerca de 9.500 presos políticos en Colombia.

Lo anterior nos muestra el carácter sistemático y aberrante de este tipo de arrestos contra líderes sociales que luchan por un mejor mañana. Y hoy, cuando nos acercamos a esa meta con el Paro Nacional Agrario y Popular, el Gobierno desquiciado niega la realidad del Paro y aumenta la represión con asesinatos, torturas, intimidaciones, secuestros masivos, violencia sexual, y montajes judiciales.

Y Huber Ballesteros como vocero nacional de la MIA fue objetivo de este Gobierno desquiciado que lo arrestó para sacarlo del camino, y aislarlo de las discusiones políticas del Paro. Pero el Paro avanza y cada día suma más personas y despierta dignidades contra este Gobierno corrupto y opresor. Y todas esas miles de personas que se suman a diario hoy exigen desde la MIA:

LIBERTAD INMEDIATA PARA HUBER BALLESTEROS
DIRIGENTE Y COMPAÑERO QUE LUCHA POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

VIVA EL PARO AGRARIO Y POPULAR
VIVA LA MIA


[1]  Huber Ballesteros se desempeña como vocero nacional de la MIA, dirigente agrario y sindical del ejecutivo nacional de la CUT, y de la Junta Patriótica del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica





Muertos, represión, persecuciones, amenazas, señalamientos, secuestro y montajes judiciales es la respuesta del Gobierno colombiano a las peticiones del Paro Nacional Agrario y Popular. Hoy fue detenido Huber Ballesteros, vocero de la Mesa de Interlocución Agraria y Popular MIA, dirigente agrario sindical del ejecutivo nacional de la CUT y de la Junta Patriótica del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Hacer del país una cárcel para los dirigentes que luchan por una mejor Colombia, es política del presidente Juan Manuel santos, ante su imposibilidad de poder detener la dignidad de un pueblo que lucha en las calles en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular.

La  comunidad nacional e internacional hace un llamado a pronunciarse ante este tipo de montajes judiciales selectivos como política de guerra contra los dirigentes y movimientos sociales del país, y exige de manera inmediata la libertad de Huber Ballesteros.

Noticia en desarrollo.

Retenidos forzosamente más de 400 campesinos, indígenas y afrocolombianos.

Palmira, Agosto 24 de 2013


Desde que inició el Paro Nacional Agrario y Popular el 19 de Agosto en el corregimiento de Chambimbal municipio de Buga, la Mesa de Interlocución Agropecuaria y Popular, MIA, Valle del Cauca, como en todo el territorio nacional, ha recibido un trato militar por parte del departamento de Policía del Valle del Cauca, del Ejército Nacional y por parte de las alcaldías de los municipios de San Pedro, Buga, Guacarí y Palmira.

Entre el 20 y 22 de Agosto, en San Pedro, Buga y Guacarí, tanto el Coronel del Departamento de Policía Valle del Cauca, Coronel Mariano Botero Coy, como el Mayor Wilson Gutiérrez, Comandante del Distrito de Buga, miembros de la SIJIN y del Batallón Palacé del Ejército Nacional, impidieron la movilidad de los campesinos, indígenas y afrocolombianos que convergen en la MIA, prohibiendo el ingreso del colectivo a los municipios mencionados, citando un supuesto decreto de la Presidencia de la República que niega el derecho a la movilización por las carreteras del país a quienes hacen parte del Paro Nacional Agrario y Popular y concede poderes administrativos extraordinarios  al Ejército y a la Policía Nacional y los declara como únicos entes que determinan quién se moviliza y quién no, violando los derechos políticos y sociales contemplados en la Constitución Política de Colombia.


Entre la noche del 22 de agosto a la fecha, cerca de 400 campesinos se declararon en Asamblea Permanente en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar, SINTRAICAÑAZUCOL, en Palmira, espacio que ha sido declarado como Refugio Humanitario, dado que a las afueras del sindicato se encuentran por lo menos 100 policías, y aproximadamente un pelotón del Batallón Agustín Codazzi.

En la mañana del 24 de agosto, se hizo presente el delegado de la Personería de Palmira Dr. Isaza, quien manifestó que por “orden de la alcaldía municipal de Palmira del Dr. Ritter López, no se permitiría ningún tipo de movilización o manifestación así esta fuere pacífica, dada la orden de la Presidencia de la República”.

Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, tres grupos de campesinos e indígenas que en total no sumaban setenta personas, salieron a informar a la ciudadanía Palmirana sobre el Refugio Humanitario instalado en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, y la Asamblea Permanente declarada como herramienta para garantizar la vida, la integridad física y la dignidad humana de los campesinos, indígenas y afrocolombianos que hacen parte de la MIA, así como solicitar la solidaridad del pueblo para con el Refugio Humanitario.

Sin embargo, el Comandante del Distrito Especial de Palmira de la Policía Nacional, Teniente Coronel Víctor Reina, reiterando las palabras del delegado de la Personería, manifestó a una comisión de Derechos Humanos que “procedería conduciendo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos que se encontraban repartiendo volantes, informando y solicitando solidaridad a la ciudadanía palmirana, dado que estas actividades requieren de un permiso especial de la alcaldía municipal firmada por el señor alcalde y por el Secretario de Gobierno de Palmira y que como éste no existía, él procedería a detener a quienes se encontraran realizando estas actividades”.

El constreñimiento por parte del Distrito de Policía Palmira, comandado por el Teniente Coronel Víctor Reina, ha llegado a tal punto que se requisa a todas las personas que pretenden ingresar al Refugio Humanitario a realizar cualquier acto de solidaridad.

Desde las 7:00 PM del 24 de agosto de 2013, el Coronel Reina instruyó a los efectivos de policía que no permitiría el ingreso de ninguna persona al Refugio Humanitario, sin que existan argumentos certeros para ello. Lo que en verdad pretende el Coronel es impedir que las organizaciones, gremios y personas, conozcan de la situación de confinamiento y no se solidaricen con el Refugio Humanitario.

Reiteramos que estos actos de la alcaldía municipal de Palmira, en cabeza del Dr. Ritter López, de la Fuerza Pública y de la Personería municipal, no solo violan los derechos constitucionales de los colombianos, sino que demuestran una vez más el carácter fascista del Gobierno nacional, departamental y municipal, que trata al Refugio Humanitario instalado en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, como un campo de concentración en el que se encuentran retenidos forzosamente por lo menos 400 campesinos, indígenas y afrocolombianos.

Desde la MIA Valle del Cauca, instamos a los entes nacionales encargados de velar por el respeto de los derechos de la población, a investigar al Teniente Coronel Víctor Reina y al delegado de la Personería Municipal de Palmira Dr. Isaza, por violar los derechos a libertad de movilización y protesta pacífica que tienen las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; solicitamos además que la Procuraduría General de la República investigue el accionar de la Alcaldía Municipal de Palmira y determine la legalidad del procedimiento de negar la protesta pacífica, la libertad de información a la ciudadanía y de impedir el ingreso de personas que representan organizaciones sociales y sindicales que vienen prestando solidaridad al Refugio Humanitario, siendo esta una clara muestra de que al régimen lo único que le interesa es bloquear la comunicación, el interrelacionamiento, el derecho a la libre movilidad; procedimiento que a su vez confirma, nuevamente, el secuestro que padecen las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que se encuentran en el Refugio Humanitario para salvaguardar su vida de la posible arremetida de la Fuerza Pública.

Hacemos el llamado a los organismos internacionales que velen y exijan el cumplimiento de los tratados firmados por el Estado colombiano en materia de protección de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales que están siendo violentados por el Gobierno municipal de Palmira y por el Comandante del Distrito Especial de Policía Teniente Coronel Víctor Reina.

Exhortamos a las organizaciones sociales, gremiales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, a los viviendistas, a los defensores de Derechos Humanos, a los estudiantes, a los obreros y trabajadores y, en general a todos los sectores populares a rodear y solidarizarse con el Paro Nacional Agrario y Popular en el departamento del Valle del Cauca, exigiendo al Gobierno nacional, departamental y municipal, el cese definitivo del confinamiento al que han sido sometidos 400 campesinos, indígenas y afrocolombianos que se encuentran en el Refugio Humanitario de SINTRAICAÑAZUCOL y garantizando los derechos constitucionalmente adquiridos.

VIVA EL PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR
VIVA LA MESA DE INTERLOCUCIÓN AGRARIA Y POPULAR - MIA




2013/ Agosto 24/ Capítulo Marcha Patriótica Valle del Cauca/

A pesar del ataque,  persecución y señalamiento por parte de la fuerza pública a los campesinos que han sido golpeados, detenidos y  despojados de sus pertenencias, el Valle del Cauca continúa firme en su convicción defender el agro colombiano. 

Ayer 23 de agosto más de 250 personas de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y sectores populares provenientes de diferentes municipios del centro del departamento del Valle del Cauca, en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular se encuentran concentradas  en la ciudad de Tuluá.

Concentrados en la zona  de Estambul, se desplazaron de forma pacífica ocupando un solo un carril en marcha hacia la ciudad de Tuluá. Pero a pesar de ello, no importando el carácter pacífico de la  movilización, el ejército obstruyó la movilidad del campesinado. Con un cerco militar les fue impedido el ingreso a varios barrios de la ciudad donde pretendían llegar con el objetivo de visibilizar el Paro Agrario y Popular y dar a conocer sus demandas, y solidarizarse con los compañeros y compañeras que declararon como Refugio Humanitario en el sindicato de Sintraicañazucol en Palmira. “Toda la solidaridad con los con los compañeros que se encuentran retenidas en la ciudad de Palmira por parte de las fuerzas militares, quienes no ofrecen garantías para la salida ni movilidad de los campesinos”, declararon los campesinas y campesinos de Tuluá.

Al final el campesinado logró entrar y concentrarse en el barrio Santa Cruz, donde la comunidad se solidarizó con los campesinos y retiró a la Fuerza Pública del lugar.
Al día de hoy, ya suman cerca de mil campesinos concentrados  en el barrio de Santa Cruz. La solidaridad ha sido inmensa. Al son de música, teatro y arengas, los artistas populares del Municipio y diferentes habitantes de la ciudad han llegado a acompañar la justa lucha de quienes trabajan la tierra y marchan hasta la Plaza de Boyacá.

Las jornadas continuaran con plantones, actividades artísticas y culturales que visibilizan la lucha de las campesinas y campesinos, indígenas, afrodescendientes y sectores populares del Valle del Cauca, en un Paro Nacional Agrario y Popular que inició el pasado lunes 19 de agosto, y que ya suma seis días de justa lucha y dignidad.





VIVA LA LUCHA DEL CAMPESINADO
VIVA EL PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR

Comisión de Comunicaciones
Marcha Patriótica
Valle del Cauca


Por: Lucas Restrepo Orrego
Agosto de 2013

Que el tridente represivo constituido por la ley 1453 de 2011, el fuero militar y la propaganda militarista generara una respuesta bárbara contra las movilizaciones de agosto no es extraño. Tampoco lo es que fiscales y jueces se plieguen a las necesidades y exigencias de las fuerzas militares y de policía. Pero la complicidad de funcionarios de la Fiscalía y de jueces de control de garantías con la represión y el militarismo en la judicialización ilegal de líderes campesinos, periodistas alternativos y grupos solidarios con el paro nacional agrario y popular, es la bancarrota de la justicia.

Todos hemos sido testigos de la violencia oficial e ilegal que se ha ensañado contra los manifestantes en las carreteras de Antioquia, Boyacá, Cauca y Valle: robo de comida, golpes injustificados, exceso de la fuerza, ataques con arma de fuego, privación de garantías judiciales, etc. Hemos sido testigos también del servilismo judicial con la injusticia: judicialización de los líderes campesinos al tiempo que se desangraban algunos manifestantes por heridas de bala y golpes de macana.

Empero, ni un solo policía ha sido investigado por los excesos de fuerza con que se ha respondido a las justas exigencias del movimiento campesino colombiano. Es así de sencillo: el abandono y el engaño oficial ha criado un monstruo llamado indignación, inconformismo, rabia que se despliega en las carreteras nacionales exigiendo justicia. Y la respuesta de la justicia ha estado al nivel del engaño: reprimir al más débil, congraciarse con el poder ilegal y mentiroso. ¿Cuántos estímulos esperan recibir estos fiscales y estos jueces de garantías por la judicialización de líderes sociales y periodistas alternativos? De seguro ninguno proveniente de una política de protección al campo o de un esfuerzo por incrementar la renta personal del campesino. Al final, el contraste es aberrante: mientras jueces civiles y agrarios brillan por su eficiencia ejecutando a ciudadanos empobrecidos para satisfacer el hambre del capital financiero, pequeños agricultores aún esperan retornar a sus tierras invadidas por empresas multinacionales, esperan ser atendidos para mejorar sus condiciones de trabajo o esperan ser valorados como productores del 70% del mercado de alimentos en Colombia.

 Lo que ocurrió con la justicia en Buga este 22 de agosto supera los límites de la indignación: como en los tiempos de la colonia, los manifestantes detenidos por protestar, fueron aislados, privados de agua y alimentos, amenazados y expuestos en la picota como terroristas. No importó que el robo a sus pertenencias superara los 20 millones de pesos, no importó que algunos estuvieran heridos o hubieran sido amenazados por la Policía. Solo importaba cumplir el triste papel del juez municipal que, ciego frente a los hechos, solo escucha al verdugo a través de la manipulada visión del fiscal del caso para darle término sin dilación a la legalización de todas las injusticias cometidas en el campo.

Triste papel de un juez que puede ser grande cuando aplica su función de garantías. Triste papel la del funcionario judicial de menor rango que se hace grande justo en el momento en que puede hacer grande a la justicia enfrentando la violación flagrante de la Constitución. Pero la pequeñez y la insignificancia es el papel asignado que gustoso ha decidido aceptar, a costa de la justicia.    




Las organizaciones campesinas, indígenas y afro descendientes, vinculadas a la MIA (Mesa de Interlocución Agraria y Popular) departamental, ante los hechos que se han dado en el marco de la jornada de Paro Agrario Nacional y Popular, citado para el pasado 19 de Agosto, declaramos a la opinión pública nacional e internacional que:


1.En el marco de dicha jornada, la fuerza pública arremetió contra los campesinos, indígenas y afrodescendientes que marchaban en la vía panamericana entre Los municipios de Buga y Tuluá, violando los derechos humanos de los manifestantes, y ocasionando graves heridas e intentando asesinar al joven Alejandro Niño, quien recibió un impacto de bala a la altura del estómago y lo tiene en un estado crítico de salud. También detuvo a setenta y tres personas, incluyendo a seis periodistas de REMAP (Red de Medios Alternativos y Populares) y cuatro defensores de Derechos Humanos, de los cuales aún permanecen detenidos tres de ellos, tratando de ocultar la realidad del Paro y el accionar censurable de la Fuerza Pública.

2.   Que durante tres días nuestras comunidades han sido sometidas a trato inhumano al ser ubicadas por la Fuerza Pública del departamento del Valle del Cauca y administraciones municipales, como las de Guacari y Buga,  a la intemperie y sin servicio de baterías sanitarias, cercadas por un dispositivo de más de 80 miembros de la fuerza pública entre policía, ejercito y CIJIN, y sobrevoladas permanentemente por un helicóptero de la policía, todo con el ánimo de desmoralizar a nuestras comunidades; hasta que finalmente les acorrala y detiene arbitrariamente por más de seis horas en Guacari, con el argumento de que estaba prohibida la realización de movilizaciones. Bajo esta presión ilegal realizada por el mayor de la policía Wilson Gutiérrez, se realizó un documento que permitió la salida de ese sitio hacia la sede sindical del municipio de Palmira, donde estamos confinados sin poder continuar nuestra movilización hacia Cali.

3.  Que el “acuerdo” firmado obedece a la presión y amenaza de la Fuerza Pública del departamento del Valle del Cauca, que haciendo uso del amedrentamiento como táctica de guerra (sobrevuelo de helicóptero, acordonamiento de la zona) e impidiéndonos nuestro desplazamiento en transporte hasta Cali, e imponiéndonos que debíamos llegar caminando hasta la capital del departamento, como única opción, fuimos obligados a firmar dicho documento que nos propone abandonar la ciudad de Palmira a las ocho (8) de la mañana y desistir de nuestra participación del Paro Agrario Nacional y Popular.

4.  Que al quedar claro que el “acuerdo” firmado fue realizado bajo la presión militar de la Fuerza Pública del departamento del Valle del Cauca, y para salvaguardar nuestras vidas ante el brutal desalojo insinuado por ésta, el acuerdo carece de validez y evidencia una usurpación de funciones de la Fuerza Pública que actúo en forma similar a dictaduras ya vividas en América Latina. 

5.   En este sentido, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, que el Gobierno colombiano y su fuerza pública desconocen el derecho a la movilización que tenemos los pueblos y no quieren permitir la visibilizacion del Paro Nacional Agrario Popular planteado por la MIA, implantando un régimen de silencio frente a las desigualdades y falta de inversión que tienen las comunidades rurales de nuestro país.

6.  Por consiguiente, ante la persecución y confinamiento que nos impone la Fuerza Pública en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, ubicada en el municipio de Palmira (Valle), nos declaramos en asamblea permanente, como un mecanismo de respaldo al Paro Nacional Agrario.

7.   Igualmente, ante la amenaza verbal permanente  de los comandantes de la policía y el ejército de reprimir a las personas que no salgamos el día de hoy de este espacio, hacemos responsable al Presidente de la República, al ministro del Interior y el ministro de Defensa por las agresiones y judicializaciones que se realicen contra los miembros de las comunidades rurales y demás sectores populares que nos encontramos en este sitio, así como también exigimos garantías para la libertad de prensa y la vida de los corresponsales de los medios alternativos que cubren el Paro en el Valle del Cauca y a las organizaciones de Derechos Humanos que ya fueron agredidas y detenidas arbitrariamente el 19 de agosto en Buga junto a seis periodistas de REMAP.

8.  Proponemos para seguir insistiendo en las garantías políticas para desarrollar nuestra movilización a la ciudad de Cali, la realización de una reunión con las autoridades civiles de la secretaria de Gobierno departamental, la alcaldía de Palmira y la alcaldía de la ciudad de Cali, donde expondremos nuestros argumentos a favor de que se nos den las garantías para la movilización y visibilizacion de nuestras propuestas expuestas en el pliego presentado al Gobierno nacional y departamental.

9.  Solicitamos que las instituciones estatales que tienen el deber de garantizar los derechos civiles y políticos de nosotros como manifestantes, es decir, que Procuraduría y Defensoría del Pueblo; así como a la comunidad internacional, en especial a las organizaciones defensoras de DDHH, hagan presencia en  el punto de confinamiento en el que estamos hacinados por presión de la Fuerza Pública. (policía y ejército).

10.  Informamos a la opinión pública que a partir de este momento declaramos a la sede sindical de SINTRAICAÑAZUCOL, Refugio Humanitario de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que hacemos presencia en este lugar

Municipio de Palmira, Agosto 23 de 2013

VIVA EL PARO AGRARIO NACIONAL
VIVA LA MIA


Paro Agrario/ Valle del Cauca/ REMAP/

En estos momentos los manifestantes  del paro nacional Agrario y popular en el Valle del Cauca concentrados en el municipio de Guacari, son victimas del atropello de la fuerza pública que les impide la libre movilidad y el derecho a la protesta social. La caravana que se propone llegar en el día de hoy a los municipios de Cerrito y Palmira, para finalmente concentrarse mañana en la ciudad de Cali se encuentra detenida por orden del departamento de policía del Valle del Cauca en cabeza de su comandante,  coronel Mariano Botero Coy que les impide la salida, los manifestantes han denominado este hecho como un “secuestro masivo”


Campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás sectores participantes de la jornada, reclaman su derecho a la movilidad y a la protesta social en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular que busca mejores condiciones de vida  para el campo y toda la sociedad colombiana.



Movilización departamental por condiciones dignas para trabajar en el campo colombiano

Martes 20 de Agosto de 2013


Más de  dos mil personas marcharon hoy por las calles de Cali, desde las 10 de la mañana se concentraron en las afueras del Hospital Universitario del Valle,  estudiantes, trabajadores y luchadores sociales de distintas organizaciones sociales como el SUTEV, ANTHOC, SINTRAUNICOL, SINTRAEMCALI entre otras; marcharon exigiendo presupuesto para la salud y educación pública y de calidad, además de expresar su solidaridad con el Paro Nacional Agrario y Popular, en el que participan miles de familias campesinas, indígenas, afrocolombianas, mineros y demás sectores de trabajadores que han sido excluidos por el histórico abandono del Estado y que hoy defienden en las calles nuestros derechos.

A medio día en la plazoleta de San Francisco se encontraron con la marcha que partió del SENA, dando inicio al plantón de solidaridad y respaldo con el Paro Nacional Agrario y Popular, apoyando el pliego nacional y departamental presentado por la Mesa de Interlocución Agraria y Popular – MIA –  radicada el pasado jueves 15 de Agosto en el despacho del Gobernador Departamental Ubeimar Delgado-. De esta manera se deja constancia de que solo por medio de la movilización social y política del pueblo organizado se avanza en la consecución de nuestras exigencias para construir una Colombia en Paz y con Justicia Social.


Durante la jornada de la tarde  se realizaron sucesivos plantones sobre la calle 10 y carrera 6 del centro de la ciudad de Cali, convocando a la población caleña a solidarizarse con la justa exigencia del campesinado, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, mineros, camioneros, cafeteros, lecheros, etc. Sectores populares que están en las calles exigiendo un país justo para las y los colombianos.

Por la Vida el campesinado va por la MIA…


Actualmente más de 700 personas  trabajadorxs campesinxs, afrocolombianxs e indígenas del diferentes municipios del Valle del Cauca se están movilizando de manera pacífica hacía la ciudad de Cali, en el marco del Paro Agrario Nacional y Popular, en respaldo al pliego nacional y departamental de la Mesa de Interlocución Agraria y Popular – MIA – con la finalidad de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del gobernador Ubeimar Delgado, escuchen sus exigencias. Miles de familias campesinas excluidas históricamente por el Estado y sometidos a la pobreza tras la implementación de políticas obedientes al modelo neoliberal extractivista, que se evidencia en el injusto Tratado de Libre Comercio – TLC – y la paulatina privatización de empresas que deben prestar bienestar social y ambiental del pueblo colombiano.

Se solicita a los pobladores sus máximas expresiones de solidaridad, sumando sus pasos a la marcha y brindando apoyo con alimentos, agua y víveres (zapatos, camisas y gorras), además de brindar su apoyo y motivación popular con difusión, banderas y gritos de apoyo.

"nada detiene sus sueños, convicciones y su compromiso de seguir batallando en busca de un mañana con justicia y dignidad" Prisionera Política.

El 19 de agosto de 2013, seis periodistas de la Red de Medios Alternativos y Populares, REMAP, fueron detenidos por los organismos de seguridad del Estado colombiano por cubrir el Paro Nacional Agrario y Popular en el Valle del Cauca.

En siguiente video se aprecian los testimonios de dos de sus periodistas en momentos en que eran detenidas en una patrulla de la Fuerza Pública.

2013/ Agosto 20/ REMAP/
 


 
Hoy se cumple el segundo día de actividades del Paro Nacional Agrario y Popular en el Valle del Cauca. Cerca de 600 manifestantes se encuentran rodeados por la fuerza pública en el corregimiento de Presidente del municipio de Buga. Los sobrevuelos constates de helicópteros y la presencia de agentes de civil mantienen en alerta a la población campesina y sectores populares que establecieron un campamento luego de los enfrentamientos que terminaron con un manifestante herido con arma de fuego por parte de la Fuerza Pública.

 
El campamento se da también en un contexto de detenciones masivas y dirigidas contra una población específica, como lo es el sector campesino[1]. Distintas organizaciones de derechos humanos, y  sectores agrarios y populares que participan del Paro en el Valle del Cauca, han exigido la liberación inmediata de la población campesina detenida, cuyo crimen no es otro que exigir sus derechos y condiciones de vida dignas para el campo y la sociedad colombina dentro del marco del derecho a la protesta social. Del mismo modo exigen a los organismos del Estado colombiano que cesen las detenciones contra los manifestantes y a los organismos de control y protección se brinden garantías para la movilización y libre desplazamiento que se ven amenazadas por la presencia de la Fuerza Pública que tiene rodeado el campamento.

Fotos: Comunicaciones Marcha Patriótica Valle/ REMAP


[1] Las detenciones masivas se ven reflejadas en las 73 personas detenidas el día de ayer, agosto 19, de las cuales 22 campesinos aún continúan privados de la libertad, y cuya audiencia estaba programada en las horas de la mañana del día de hoy.

Foto: Comisión de Comunicaciones Marcha Patriótica Valle/ REMAP
2013/ Agosto 19/ REMAP/

Nos quitaron cámaras, celulares, computadores, grabadoras, pero no la dignidad. Somos REMAP, Red de Medios Alternativos y Populares, y seguimos en las calles junto a los demás medios alternativos del país.


Seis  periodistas de Remap fueron detenidos por el Estado colombiano, algunos golpeados, y hostigados por cubrir el Paro Nacional Agrario y Popular en el Valle del Cauca que se desarrolla en el corregimiento de Presidente en la vía que comunica a los municipios de Buga y Tuluá.

Los atropellos fueron sistemáticos y en un número inconcebible si tenemos en cuenta que se ejecutaron contra un solo medio (seis periodistas), un mismo día, y en un espacio geográfico de no más de doscientos metros, y cuya denuncia se resume de la siguiente manera:  Lorna Bierman y Milena Ricaurte arrastradas y golpeadas cuando buscaban refugio de los gases lacrimógenos; Camilo  García  Reyes esposado y detenido cuando entrevistaba a los manifestantes; Alexander Escobar acusado de ser parte de los “instigadores” del bloqueo de la vía, constantemente hostigado por grabar detenciones, y finalmente detenido junto a Fabián Passos y Steven Ospina cuando trataban de registrar un manifestante herido por la Fuerza Pública.


A la gravedad de los hechos se suma la detención de cuatro defensores de Derechos Humanos pertenecientes al Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC),  así como el robo del setenta por ciento de nuestros equipos de trabajo por parte de la fuerza pública junto a los documentos de identidad de algunos de nuestros integrantes.

Y mientras esto ocurrió contra la Prensa Alternativa y los organismos de Derechos Humanos, el saldo de la Jornada del Paro Nacional Agrario y Popular, convocado por la MIA, Mesa de Interlocución Agraria y Popular, en el Valle del Cauca nos da una proporción de la crisis humanitaria que se está viviendo: una persona herida por la Fuerza Pública con arma de fuego, 53 personas detenidas de las cuales 26 aún continúan privadas de la libertad: 22 que están siendo procesadas por la Fiscalía, y 4 menores de edad. Pero a pesar de las cifras, los manifestantes aún permanecen en la zona y continúan apoyando el Paro.

Los hechos ocurridos contra la Prensa Alternativa y los organismos de Derechos Humanos en el Valle del Cauca, demandan de la comunidad internacional un pronunciamiento que exija al Gobierno colombiano el libre ejercicio del periodismo independiente y alternativo en Colombia, y que además garantice la protección de quienes luchan por la defensa de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional.

Del mismo modo también exigimos al Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se garantice la vida de todos los integrantes de la Red de Medios Alternativos y Populares, REMAP, y responsabilizamos a los organismos de seguridad del Estado colombiano de cualquier atentado a la vida que puedan sufrir los integrantes de la Red, los cuales incansablemente realizaron registros fotográficos y de video de nuestros compañeros retenidos, y porque además poseen sus datos  telefónicos y lugares  de residencia.

Somos REMAP, somos la Red de Medios Alternativos y Populares para la Paz con Justicia Social.

El 13 de agosto de 1999 fue asesinado el periodista y humorista Jaime Garzón, 14 años han transcurrido y su crimen permanece en la impunidad. 
2013/ Agosto 14/ REMAP/ Alexander Escobar/


Una política de ocultamiento trató durante varios años presentar el crimen como responsabilidad exclusiva del paramilitarismo, en cabeza de su entonces jefe Carlos Cataño Gil. Sin embargo, el trabajo de organizaciones sociales y de Derechos Humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, su familia, y la constante denuncia de periodistas independientes entre los que se destacan Hollman Morris, han contribuido a demostrar la participación del Estado colombiano en el asesinato.


Es necesario, entonces, recordar algunos nombres vinculados a este magnicidio, y, sobre todo, pensar en aquellos que aún permanecen ocultos: la clase política beneficiada y perpetuada en el poder.

José Miguel Narváez[1], exsubdirector del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), actualmente detenido. Varios testimonios de exjefes paramilitares le involucran como asesor ideológico del paramilitarismo, entre ellos Salvatore Mancuso:

Ya en anteriores ocasiones Mancuso había asegurado que "Narváez disparaba contra todo el mundo y decía que era lícito combatir comunistas, sin importar donde se encontraran. Nos sorprendió por la fogosidad con la que habló. Luego nos dijo que tomáramos nota y sacó una lista de 50 ONG que, según él, eran propiedad de la guerrilla”.[2]

Como testigo fundamental se encuentra la exsenadora y defensora de Derechos Humanos Piedad Córdoba, quien durante su secuestro en manos del paramilitarismo afirma haber escuchado una conversación en que Narváez hacia el llamado a Carlos Castaño de asesinar a Jaime Garzón[3].

Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Actualmente prófugo de la justicia desde 2003. Llegó a ocupar el cargo de jefe de inteligencia de la Brigada XIII del ejército, y su alias dentro de la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), era Don Diego. Además del asesinato de Jaime Garzón, entre muchos otros crímenes, se le vincula con los asesinatos de los investigadores del CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado.

Generales retirados Harold Bedoya, Jorge Enrique Mora Rangel y Rito Alejo del Río. En 2011, los abogados que representan a la familia de Jaime Garzón solicitaron a la Fiscalía vincular a estos tres generales en retiro como “posibles instigadores del crimen”. Argumentan los juristas que “Garzón venía siendo víctima de hostigamientos y temerarios señalamientos por altos mandos de las Fuerzas Militares, en particular del general Jorge Enrique Mora Rangel, quien tildaba al periodista de ser amigo de la guerrilla”.[4]


Los anteriores nombres no corresponden solo personas, éstos deben entenderse también como el resultado del uso de las instituciones del Estado contra la oposición política y el pensamiento crítico. Sin embargo, Jaime Garzón tenía otras cualidades que lo hacían más vulnerable al terrorismo de Estado: la facultad de hacer perder el miedo ante la injusticia, esa capacidad de la risa que no teme enfrentar a los tiranos.

Fuentes: Semana, El Espectador, Contravía y Verdad Abierta.


[1] Para entender la magnitud de este crimen de Estado es importante conocer el perfil de Narváez. En “José Miguel Narváez y el asesinato de Jaime Garzón”, artículo publicado por Verdad Abierta, se establece claramente: “Narváez es un ex empresario, oficial de la reserva del Ejército, que durante varios años trabajó como asesor del Ministerio de Defensa en temas de inteligencia. Fue catedrático de la Escuela Superior de Guerra y subdirector del DAS durante unos pocos meses en la era de Noguera. En diferentes épocas ha sido asesor de la Federación de Ganaderos (Fedegán), cargo que ocupó hasta hace poco antes de ser arrestado. En las Fuerzas Militares siempre ha estado relacionado con los sectores más cuestionados, como el general Rito Alejo del Río”. Disponible en: http://verdadabierta.com/victimarios/los-bloques/2526-jose-miguel-narvaez-y-el-asesinato-de-jaime-garzon

[2] “Los perseguidos de José Miguel Narváez según Mancuso”, publicado el 2 de agosto de 2012 por Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/4148-mancuso-incrimina-de-nuevo-a-jose-miguel-narvaez

[3]En octubre se reanuda juicio contra exsubdirector del DAS por crimen de Jaime Garzón”, publicado por El Espectador el 5 de agosto de 2013:

[4] “Los nombres en el casos de Jaime garzón”, publicado por Semana el 13 de agosto de 2012: http://www.semana.com/nacion/articulo/los-nombres-del-caso-jaime-garzon/262891-3

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